La sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que ha publicado esta mañana El País no deja a nadie indiferente. En ella, los administradores de sendos sitios web son condenados a un año de prisión cada uno por un delito contra la propiedad intelectual. ¿El motivo? "Poner a disposición de los usuarios de Internet enlaces que reproducían obras protegidas por derechos de autor sin contar con la autorización de los titulares (...) con la intención de obtener ganancias a través de la publicidad que ofrecían en ambas páginas", como describe la propia sentencia. Actividad que, hasta ahora, no había sido digna de reproche penal, puesto que se entendía que las páginas de enlaces no realizaban una comunicación pública, sino que se limitaban a facilitar el acceso a un contenido ya disponible en Internet. ¿Qué cambia, entonces, en esta sentencia?
Como aperitivo, debo apuntar que su fundamentación jurídica adolece de gravísimos errores técnicos, de los que se colige que Sus Señorías están muy lejos de entender el funcionamiento de Internet. No obstante, y en la medida en que no todos ellos afectan al núcleo del razonamiento judicial (la ratio decidendi, para los que no puedan vivir sin latinajos), trataré de pasar de puntillas sobre burradas como la afirmación de que una web de enlaces equivale al caching realizado por un proxy. Por poner un ejemplo.
La posición jurídica del tribunal se puede resumir en el siguiente párrafo:
"...aún considerando que los archivos no eran descargados en el servidor de los dos acusados, y entendiendo que lo que ofrecía la página eran meros enlaces, la Sala considera que la conducta sí constituye comunicación pública y en tal sentido es típica con arreglo a lo dispuesto en el art. 270 del C[ódigo] P[enal]".
La Sala, es consciente de que dicho argumento es contrario al "acogido por diversos tribunales de nuestro país", pero aclara que "no está de acuerdo" con la postura mantenida hasta el momento. Hasta ahora, la jurisprudencia eximía de toda responsabilidad a los titulares de webs de enlaces empleando las exenciones de responsabilidad de la LSSI, y en concreto de su artículo 17. Pero, en el caso que nos ocupa, los magistrados entienden que la conducta de los administradores va más allá del "facilitar enlaces a otros contenidos" del que habla dicho artículo. ¿Por qué? Vean, vean:
"En nuestra opinión, el enfoque es incorrecto: no se trata de valorar si el contenido al que acceden es ilícito, sino de valorar su actividad, es decir, sin con su actividad los acusados realizaban un acto de comunicación pública (...) Lo relevante en este caso no es la licitud o ilicitud del contenido, sino su actividad (...) Los acusados realizan un acto propio de comunicación, un acto de puesta a disposición a cualquier usuario potencial de esa página de un contenido que vulnera derechos de terceros (...) Con su intervención técnica y tras haber indexado, clasificado y comentado las obras, lo que hacían era poner a disposición de manera directa la descarga. Es decir, era su actuación directa y no su labor de intermediación la que lograba el resultado de acceso a la obra en cuestión."
Tras este argumento, discutible pero bien construído, la sentencia comienza a desvariar. Afirma que los acusados permitieron "el acceso directo a los archivos, al contenido de esos enlaces (o datos) sin cumplirse las condiciones de una página de intercambio de archivos [sic] y creando con su acción una página de descarga directa". Descripción esta que hace que algunos de mis compañeros se pregunten si los acusados subían previamente las obras a un servidor externo, y de ahí la condena.
En mi opinión, sin embargo, es el desconocimiento del funcionamiento de Internet el que lleva a los magistrados, erróneamente, al fallo definitivo de la sentencia. A través de la utilísima http://archive.org/ he visitado las páginas de la discordia, tal y como estaban colgadas en enero de 2006. Y únicamente he encontrado enlaces de eMule y BitTorrent. ¿Mi impresión? A riesgo de equivocarme, creo que Sus Señorías no tienen ni la más remota idea de qué son los protocolos ed2k y torrent. Ni de lo que es un cliente peer-to-peer. Y así les ha quedado la sentencia...
Si bien, desde un punto de vista de justicia material, simpatizo con el fallo (no me parece de recibo que dos señores ganen más de 40.000€ a costa del esfuerzo ajeno), como jurista no puedo sino lamentar su deficiente construcción. Aprovechando de paso para cerrar esta entrada con otro extracto de la sentencia: "si el enlace fuera a la página p2p los acusados estarían dando acceso a una página cuya actividad no es ilícita, puesto que como ellos mismos han indicado, la actividad de compartir archivos no se ha considerado ilícita por los tribunales". Paradójico, ¿no creen?
El próximo 29 de marzo comienzo a impartir clases en el Curso de Especialista Universitario en Protección de Datos y Privacidad que organiza la Universidad de Murcia. Voy a tratar de no aburrir mucho a los alumnos con un módulo tan denso como crítico: "Procedimientos administrativos en materia de protección de datos. Las sanciones administrativas". Para ayudarles a entender mejor el funcionamiento del procedimiento sancionador de la Agencia Española de Protección de Datos, les he preparado un esquema que ahora pongo también a su disposición. Como siempre, con licencia Creative Commons. E incluyendo las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos por la Ley de Economía Sostenible.
Si le sacan partido, o le encuentran algún fallo ¡no dejen de avisarme mediante un comentario!
Aunque con un poco de retraso, ha llegado a mis manos una interesante Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 17 de septiembre de 2008, referida al marco jurídico del caché de los motores de búsqueda. Pero antes de entrar en detalles, permítanme explicarles grosso modo cómo funciona un buscador como Google.
En primer lugar, el motor de búsqueda lanza una serie de robots a navegar por la red. Éstos van recopilando información de las páginas web que visitan, y la almacenan en una gran base de datos.
Cuando usted realiza una consulta, el motor de búsqueda acude a esta base de datos y le devuelve las páginas web que coinciden con su petición, ordenadas en base a una serie de criterios que ahora no vienen al caso.
Sencillo, ¿verdad? Pues bien, esa información recopilada por los robots se trata habitualmente de una réplica exacta de las páginas visitadas, denominada caché. Esta réplica se mantiene en los servidores hasta que el robot de turno vuelva a pasarse por la misma página, compruebe si hay alguna novedad y actualice su contenido en la base de datos.
Inevitablemente, esta "copia temporal" supone una reproducción a los efectos de nuestro Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que no obstante permite este tipo de actos cuando "además de carecer por sí mismos de una significación económica independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar bien una transmisión en red entre terceras partes por un intermediario, bien una utilización lícita, entendiendo por tal la autorizada por el autor o por la ley" (Art. 31.1 TRLPI).
No obstante, contar con esta copia en los servidor como parte del "proceso tecnológico" es claramente diferente a poner esa información a disposición de los usuarios de Internet. Pues bien, precisamente por este motivo los titulares de la página web Megakini plantearon una demanda contra Google por vulneración de sus derechos de autor.
El juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona desestimó íntegramente esta demanda en primera instancia, y ya en apelación la Audiencia Provincial llega a idénticas conclusiones. Merece la pena, no obstante, fijarse en algunos de los razonamientos de Sus Señorías:
En primer lugar, afirman que el artículo 15 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información no se puede aplicar al caché de los buscadores, porque está pensado para las copias almacenadas en los "proxy caché". La propia sentencia explica su funcionamiento: "almacena de forma automática los contenidos visitados por los usuarios (...) de manera que si los usuarios solicitan de nuevo esa página, no haya que efectuar una nueva transferencia de información".
Entienden además que el artículo 17 LSSI, que exime de responsabilidad a los buscadores por dirigir a los usuarios a páginas de terceros, no se aplica a la puesta a disposición de los internautas del acceso a la caché. Y ello en la línea del Grupo del Artículo 29, que ya advertía en su Opinión 1/2008 de que "la funcionalidad de la memoria caché es otra forma mediante la que un proveedor de un buscador puede ir más allá de su exclusiva función de intermediario".
No obstante, eximen de responsabilidad a Google al adoptar, por analogía, la doctrina norteamericana del Fair Use, por la que en determinados casos es posible usar, limitada y razonablemente, materiales protegidos por derechos de autor sin necesidad de la autorización de su correspondiente titular. En tal sentido, les remito al interesante análisis que Andy Ramos realiza en Blog Interiuris.
¿Conclusiones? En mi opinión, la Audiencia Provincial ha resuelto con sentido común un problema que, de aplicársele la Ley en su literalidad, daría lugar a consecuencias dudosamente deseables. Estamos ante una sentencia bien fundamentada, bien redactada y de lectura francamente recomendable, que muestra como Sus Señorías han tenido que retorcer una ley desfasada y anticuada para poder alcanzar un dictamen teleológiccamente justo. Toca reformar la LSSI y el TRLPI, ¿no creen?
La siesta. Espléndida tradición española que, como todas las cosas buenas, escasea. Y resulta que un buen día, por alguna alineación planetaria la encontramos. Y entonces... ¡riiiiing! O mejor dicho, ¡tiruriruriru! Y cual maldición bíblica, nuestro inoportuno interlocutor sólo quiere endosarnos la última colección de miniaturas de los muñecos de José Luis Moreno. ¿Les suena?
Si querían evitar que esto sucediese con su teléfono fijo, hasta ahora no les quedaban muchas más opciones aparte de borrarse de la guía. Lo que no deja de tener sus inconvenientes, por otra parte. Sin embargo, ¿qué les parecería seguir saliendo en la guía, pero con una marca que indique claramente que no quieren recibir llamadas publicitarias? ¡Albricias! ¡Eso existe! Véanlo:
La imagen, sacada de la web Páginas Blancas, muestra la letra U delante del número de este abonado. Esto significa que "el cliente (...) prohibe el uso de sus datos personales para fines de venta directa". Y ello en virtud del artículo 67.4 del Real Decreto 424/2005. La pregunta es, ¿cómo poner en práctica este derecho?
Pues bien, es muy sencillo: basta con contactar con el servicio de atención al cliente de nuestra compañía telefónica, y solicitar que se indique en las guías que no deseamos recibir comunicaciones comerciales. A lo mejor se ven obligados a insistir, por no ser una petición a la que los teleoperadores estén habituados, pero una única llamada debería ser suficiente. Así, cuando se publique la siguiente edición de la guía (en torno a tres meses para la versión online, y un año para la versión en papel), su número también se verá precedido de esa maravillosa "U". Fácil, ¿verdad?
Mi amiga P. se quiere dar de baja de su ADSL. Se ha cambiado de casa, y evidentemente no tiene lógica continuar pagando por su antigua conexión. Ya ha cumplido el año de permanencia que le exigía por contrato su proveedor de acceso a Internet (ISP), así que llamó confiadamente por teléfono para finalizar la prestación del servicio. Cual no sería su sorpresa cuando la telefonista le comunicó que tenía que pagar 25€ (+ IVA) en concepto de gastos de tramitación de baja. Y ello en base a la siguiente cláusula del contrato:
El CLIENTE por la prestación del servicio (ADSL) deberá abonar al (ISP) (...) gastos de tramitación de baja, los cuales se especifican en la Oferta Comercial, que el CLIENTE deberá abonar en el momento en el que solicite la baja del Servicio.
¿Les suena la historia? Pues bien, ya les adelanto que este tipo de cláusulas son consideradas abusivas, y por tanto nulas de pleno derecho conforme a la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. De hecho, el artículo 34.11 de esta misma ley considera como infracción obstaculizar el derecho del consumidor a poner fin a los contratos de prestación de servicios que, como este, sean continuados.
¿Qué hacer ante una situación como esta? Tenemos dos opciones:
No pagar los gastos. Ello implicará casi con total seguridad el corte de la línea telefónica y su inclusión en un fichero de morosos, por lo que tengan en cuenta las posibles consecuencias antes de optar por esta solución (en especial si van a pedir algún crédito). Al recibir el primer requerimiento de pago debemos interponer reclamación ante la SETSI, que presumiblemente resolverá a nuestro favor. Con esta resolución podrán solicitar la cancelación de sus datos de ese tipo de ficheros, así como plantear una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos o una demanda en los tribunales.
En definitiva, el cobro de este tipo de cantidades es manifiestamente ilegal. En tal sentido, es importante que denunciemos a aquellos operadores que realicen este tipo de prácticas abusivas. Acabar con ellas es, en cierto modo, responsabilidad de todos.
Posiblemente muchos de ustedes conocen el estudio publicado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) el pasado mes de agosto, y que versa sobre la adaptación de las pequeñas y medianas empresas españolas a la LOPD. La verdad es que debería haberles hablado de él hace tiempo, especialmente teniendo en cuenta que las Pymes representan el 99% del tejido empresarial español... en todo caso, creo que no está de más recordar algunas de sus conclusiones:
Sólo un tercio de las Pymes conoce la existencia de la LOPD. Y dado que difícilmente se puede cumplir con algo que se desconoce, ya se pueden imaginar por dónde van los tiros del estudio.
No obstante, más del 80% de los encuestados se manifiestan concienciados de la necesidad de cumplir con la ley. [+ Inteco]
En resumidas cuentas, el estudio no ha hecho más que confirmar lo que ya nos temíamos. Los empresarios españoles no sólo no cumplen con la LOPD, sino que incluso ignoran que existe una ley ideada para proteger los datos personales de los ciudadanos. En definitiva... nos queda mucho trabajo por delante, ¿no creen?
Debo reconocer que, en el colegio, los problemas de matemáticas me entretenían. No me malinterpreten, evidentemente prefería correr detrás de un balón o tirarles globos de agua a los cretinos del cole de al lado, pero entre estudiarme la lista de reyes godos y adivinar cúanto iba a tardar el tren de turno en llegar a Bollullos del Condado... ¿qué quieren que les diga? Me quedaba con lo segundo.
Les cuento esto porque a través de Javier Cao me he enterado de la existencia de una iniciativa tan original como estimulante. La empresa valenciana S2, especializada en seguridad de la información, ha comenzado a lanzar a través de su blog "Security Art Work" una serie de "problemas LOPD" con vistas a que sus lectores se devanen los sesos para su resolución. La idea, como ellos mismos dicen, es "aportar luz" sobre ciertos aspectos de la protección de datos.
La mecánica es sencilla: se plantea el problema y a los dos o tres días se cuelga en el propio blog la solución. Entretanto, los lectores pueden hacer sus quinielas dejando sus comentarios al respecto. Sencillo, ¿verdad?
Les animo a devanarse los sesos con el primero de los retos planteados. Se trata de una empresa ficticia pero con mucho arte (Palotes de Chiclana), que mantiene un control de acceso a sus instalaciones y que quiere hacer firmar a todos sus visitantes un compromiso de confidencialidad. ¡Qué alarde de meticulosidad para guardar sus secretos! [+ Security Art Work]
Por aquello de ser generoso, les dejo una pista. ¡Suerte!
Una de las quejas más habituales de los usuarios a la hora de valorar las políticas de privacidad de un determinado sitio web es que son un auténtico tostón. Están escritas por abogados y para abogados, y claro, el ciudadano de a pie (que es a quien, en el fondo, hay que informar) no se entera de la misa la mitad. Desde mayo Google se apoya de su plataforma YouTube para explicarnos cómo trata la información personal, en un intento de acercar sus políticas a los usuarios. Una iniciativa loable y necesaria que ahora llega a España:
Del vídeo se agradecen el tono didáctico y el afán divulgativo. Sin embargo una de sus afirmaciones me ha rechinado especialmente, habida cuenta que Google puede identificar quién está detrás de numerosas direcciones IP. Para muestra, un botón: si son usarios de Gmail, accedan a su cuenta y fíjense en la parte inferior de la página. Verán una línea parecida a esta:
Última actividad de la cuenta: 45 minutos antes con la IP (192.31.255.1).
Se trata de la última dirección desde la que se accedió a su correo, almacenada por el sistema como medida de seguridad. Basta cruzar ese dato con el registro de Google para desvelar todas sus búsquedas. Simple, ¿verdad?
En fin, teniendo en cuenta lo anterior me basta únicamente recordarles que los buscadores sólo pueden conservar durante un máximo de seis meses los datos personales que obtengan a través de las consultas de los usuarios, tal y como establece la Opinión 1/2008 del Grupo del Artículo 29. Un periodo claramente inferior a los nueve meses durante los que Google tratará la información. En fin...
Como les adelantaba en mi anterior entrada, durante la pasada semana estuve ganándome el pan por Estrasburgo. Se celebraba la XXX Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos, y como se pueden imaginar allí se juntó la crème de la crème del mundo de la privacidad. No, no me refiero sólo a los reguladores, que bastante adulados fueron ya durante las jornadas. Les hablo de gente como Mozelle Thompson, Peter Cullen, Bruce Schneier, Fred Cate... Pueden ver las intervenciones en diferido a través de los vídeos colgados por la organización, aunque les advierto que no están traducidos y que los ponentes han empleado idiomas tan dispares como el francés, el inglés o el alemán. Pero en fin, de lo que se trata es de darles mi visión personal sobre el evento, así que al grano:
Permítanme empezar por lo más frívolo. El escenario fue magnífico, ni más ni menos que el hemiciclo del Consejo de Europa. Cómodo, amplio, bien equipado... con ese toque retro de la arquitectura de los setenta. Las casi seiscientas personas que allí nos congregamos disfrutamos, en contra de lo habitual en este tipo de eventos, de amplios asientos, cómodos pupitres y buena visión del estrado. Una pena que se viese empañado por las largas colas a la hora de comer, pero en fin...
En cuanto a las intervenciones, pocas novedades. Todos los delegados muy en su papel, defendiendo sus intereses de la forma más diplomática posible. Los representantes norteamericanos ensalzando las virtudes del marco de privacidad APEC, los europeos preocupadísimos por las maldades de Internet y los países emergentes demostrando simultáneamente sus carencias y sus ansias de mejora. Nada sorprendente, ¿verdad? En todo caso, déjenme destacar las ponencias de Hervé Labaude (segunda intervención del primer panel), que explicó de forma práctica y ejecutiva cómo se deben implementar las políticas de privacidad en una empresa; y de Marc Langheinrich (cuarta intervención del quinto panel), con una amena exposición acerca de la proporcionalidad en la seguridad de la información.
Casi 18 años. Ése es el tiempo que se han pasado litigando una conocida multinacional estadounidense y la empresa española Cidesport por el uso del término Nike, en uno de los procedimientos más interesantes en lo que al derecho de marcas se refiere en nuestro país. Permítanme contarles la historia, de forma resumida:
En 1932, la sociedad J. Rosell, S.A. registró en España la marca "Niké", con el objeto de emplearla para vender medias y calcetines. Consistía en una representación de la Victoria de Samotracia, obrante en el parisino modelo del Louvre. La marca, no obstante, permanecería sin uso durante largos años.
La fundación de Nike Inc. tiene lugar en 1968, en Oregón (EE.UU.), comenzando como mera distribuidora de la marca japonesa Onitsuka, y convirtiéndose años más tarde en un emporio del equipamiento deportivo. [+ Wikipedia]
En 1979, Nike llega a un acuerdo con Cidesport para la distribución de sus productos en España.
Dos años más tarde un abogado barcelonés adquiere la marca "Niké", cediendo posteriormente sus derechos de explotación a Cidesport. Todo a espaldas de la multinacional estadounidense, en un alarde de picaresca propio de la tradición novelística de nuestro Siglo de Oro.
Nike decide, con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona '92, dar por finalizadas sus relaciones con sus fidelísimos socios españoles. Registra su marca en nuestro país, pero se encuentra con una demanda de Cidesport en la que se solicita la cancelación del registro por violación de una marca anterior.
Nike demanda a su vez a Cidesport, aduciendo la caducidad de la marca "Niké" por falta de uso (acertadísimo y decisivo argumento, todo sea dicho).
Tanto en primera como en segunda instancia los tribunales dan la razón a Nike, pero el caso llegó al Tribunal Supremo... y se lió la de San Quintín:
El Alto Tribunal dictó, en sentencia de 4 de noviembre de 1999, que la marca "Niké" no estaba caducada, y censuraba el uso del término por parte de la compañía norteamericana. Háganse cargo de las consecuencias... se prohibía hasta la venta de camisetas del Barça.
Obviamente, los letrados de Nike reaccionan y presentan un incidente de nulidad de actuaciones ante el propio Tribunal Supremo (que es desestimado) y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
El Consitucional resuelve el recurso mediante sentencia de 9 de febrero de 2004 (casi cinco años más tarde), reconociendo una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Anula la setencia del Supremo basándose en la falta de respuesta a ciertas alegaciones que, de ser consideradas, podrían alterar el fallo.
Devuelto el caso al Tribunal Supremo, éste dicta sentencia el 28 de marzo de 2005 reconociendo los argumentos de Nike y declarando la caducidad de la marca ostentada por Cidesport.
Pero no se crean, la cosa no quedó aquí. Españoles y americanos seguían a la gresca, hasta que hace sólo unos días alcanzaron un acuerdo que conllevará el archivo de todos los procedimientos judiciales abiertos sobre la materia, y el reconocimiento por Cidesport de la titularidad de la marca por parte de Nike Inc. Se pone así punto y final a un culebrón que se estudiará por muchos años en nuestras facultades, y que demuestra una vez más lo valioso que un intangible puede llegar a ser.
Parafraseando a mi veterano profesor Antonio Platas, ¡qué bonito es el derecho!
Hace meses les anunciaba que la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo había aprobado un preocupante proyecto de informe en el que se instaba a los blogueros a desvelar su identidad e ideología, mediante un "etiquetado voluntario" de sus bitácoras. Las reacciones en la blogosfera no hicieron esperar, en una condena prácticamente unánime a una propuesta tan ilógica como inexplicable.
Han pasado las semanas, y el proyecto de informe llegó finalmente al plenario del Parlamento de Bruselas, que lo ha aprobado en forma de resolución, aunque con significativas modificaciones:
"Considerando que los weblogs constituyen una nueva contribución importante a la libertad de expresión y son utilizados cada vez más tanto por los profesionales de los medios de comunicación como por las personas privadasson un medio común en expansión para la propia expresión tanto de profesionales de los medios de comunicación como de personas privadas, pero que el estatuto de los autores y de quienes los publican, incluido su estatuto jurídico, no se define ni se deja claro ante los lectores de los weblogs, lo que provoca incertidumbres respecto a la imparcialidad, fiabilidad, protección de las fuentes, aplicación de códigos éticos y atribución de responsabilidades en caso de acciones judiciales."
"Aboga por la celebración de un debate abierto sobre todas las cuestiones relacionadas con elSugiere que se clarifique el estatuto, jurídico o de otro tipo, de los weblogs e insta a un etiquetado voluntario de los mismos con arreglo a las responsabilidades profesionales y financieras y los intereses de sus autores y de quienes los publican."
En definitiva, donde decía digo dice Diego. Los europarlamentarios han decidido aparcar la polémica medida ideada por la socialista estona Manianne Mikko, que aunque celebra "que un informe sobre medios incluya a los blogs", reconoce en la propia página web del Parlamento que le hubiese gustado "ir un poco más allá". De ahí que ilustres blogueros, como Nacho de la Fuente, muestren su preocupación pese a la retractación comunitaria:
"Detrás de ese "estatuto de los blogs" puede esconderse una severa regulación, un intervencionismo de la propia Unión Europea sobre la inquieta blogosfera, que parece que ya empieza a molestar [buena señal] al poder reinante. La autorregulación de contenidos y opiniones -que ya practicamos la inmensa mayoría- es moneda más que suficiente para garantizar el rigor de los blogs. Ponerle puertas al campo abierto de la blogosfera y su alta capacidad para expresarse libremente contaminaría sus principios y la gente huiría despavorida en busca de nuevos medios."[+ La Huella Digital]
En todo caso, y como bien indica David Maeztu en "Del derecho y las normas", esta resolución no es jurídicamente vinculante: se queda en una declaración de intenciones que, esperemos, no se traduzca en norma alguna que afecte a la libertad de expresión en la Red. Foto: Freshwater2006
"La Agencia se enteró ayer [por el martes] de la Sentencia del Tribunal Supremo [de 19 de septiembre de 2008]. Estamos haciendo una valoración jurídica de las implicaciones jurídicas que tiene esa sentencia y también de las posibilidades de impugnación que admite. Tiene una trascendencia notable, porque hasta la fecha la AEPD había dictado 650 resoluciones reconociendo a los ciudadanos la cancelación de sus datos de los libros de bautismo, ya desde el año 2004, y quedan pendientes de resolver 556 peticiones. No sólo desde este punto de vista, sino también teniendo en cuenta que la Audiencia Nacional había dictado 171 sentencias siguiendo el criterio de la AEPD, y todavía tiene pendientes en estos momentos 123 recursos interpuestos frente a resoluciones de la Agencia por la misma situación. Lo que evidencia que hay muchos supuestos en los que la cancelación reconocida por la Agencia en los libros de bautismo no ha sido impugnada, ante la Audiencia Nacional y posteriormente ante el Tribunal Supremo: esa es una realidad concreta.
En segundo lugar, a la AEPD le corresponde resolver 556 peticiones pendientes. Obviamente, y como no puede ser de otra forma, la Agencia acata la sentencia y por supuesto desde que ha tenido conocimiento de ella va a resolver los procedimientos pendientes conforme al criterio fijado por el más alto tribunal de la legalidad. Lo que no implica que no estemos valorando jurídicamente las posibilidades de impugnación de una sentencia que puede plantear dudas sobre su constitucionalidad, aunque no es menos cierto que esa valoración jurídica que estamos haciendo tiene una focalización especial en lo que es la capacidad de acceder a esas vías impugnatorias, la legitimación para impugnar bien ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Constitucional la resolución referida. Estamos en ese punto, y en este momento no le puedo avanzar la decisión que vayamos a adoptar, que desde luego va a estar precedida, en primer lugar, por la viabilibad jurídica de cualquier acción que adoptemos, y en segundo lugar por la defensa del criterio mantenido por la Agencia, que ha sido confirmado en 171 sentencias de la Audiencia Nacional y que venía siendo mantenido desde 2004."
En definitiva, que la intención de la AEPD es recurrir el fallo. Otra historia es que pueda hacerlo, puesto que como dice su Director su legitimación no está clara, pero en todo caso el primer paso está dado. ¡Veremos en qué queda la cosa!
El Tribunal Supremo, como se dice vulgarmente, la ha liado. En nota de prensa divulgada esta misma tarde por la Agencia Española de Protección de Datos, se recoge que el Alto Tribunal ha rechazado la cancelación de datos en libros de bautismo, por entender... ¡que éstos no pueden ser considerados un fichero!
La verdad es que la sentencia, de 19 de septiembre, asusta. Especialmente si consideramos que el artículo 3.b de la LOPD define como fichero "todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso". Dado que los libros de bautismo están ordenados cronológicamente, y que contienen gran cantidad de datos personales... ¿cómo diablos puede decirse que no son ficheros?
Hasta el momento, por la AEPD han pasado más de seiscientos procedimientos administrativos relativos a la apostasía. Es cierto que en ellos se reconoce que la Iglesia Católica no posee ficheros acerca de sus miembros, y que los asientos bautismales no deben ser cancelados. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, se afirma categóricamente que un libro de bautismo es una base de datos sometida a la LOPD. Partiendo de esa base, se insta a los diferentes arzobispados implicados a incluir el ejercicio del derecho de cancelación en las partidas de bautismo, mediante anotaciones marginales, a los efectos de cumplir con el principio de calidad de los datos. [+ AEPD]
Siguiendo el Código de Derecho Canónico, la apostasía es el rechazo total de la fe cristiana (canon 751). Se trata de un delito canónico grave (c. 1364), y conlleva la llamada excomunión latæ sententiæ (automática, sin necesidad de sentencia). Esto implica la prohibición de recibir sacramentos (c. 1331), pero no la expulsión de la Iglesia, puesto que el bautizado será cristiano de por vida (c. 845). Pese a haber apostatado.
Teniendo esto en cuenta, y partiendo de la base de que los libros de bautismo son documentos canónicos en los que se hace constar la recepción de ciertos sacramentos, el Tribunal Supremo podría haber buscado argumentos de lo más variado para negar a los ciudadanos el ejercicio del derecho de cancelación: los concordatos de 1979, la inutilidad práctica de la medida, la procedencia de rectificar y no de cancelar... No obstante, ha justificado la limitación de un derecho fundamental afirmando, simple y llanamente, que los libros de bautismo no son ficheros. Y de propina, remata la faena reseñando que la voluntad de la Constitución es proteger los datos personales "frente a intromisiones de la informática y no para, como ocurre en el caso de autos, permitir dejar constancia de creencias o convicciones de los ciudadanos".
Esta sentencia está viciada de obsolescencia, se basa en criterios superados tanto por nuestra LOPD como por la Directiva 95/46/CE y nos hace dudar acerca de la verdadera vigencia del derecho fundamental a la protección de datos en nuestro país. Vamos, que es toda una obra de arte. ¿Comprenden ahora por qué les decía que el Alto Tribunal la ha liado?
He decidido crear una nueva categoría de enlaces en mi Blogroll, relacionados todos ellos con temas jurídicos. Son páginas que visito esporádicamente y que, por su calidad, quiero compartir con ustedes. Permítanme presentárselas:
Del Derecho y las Normas: ya les hablé de él en el BlogDay. Se trata del blog del compañero riojano David Maeztu, con la propiedad intelectual, la protección de datos y la libertad de expresión como temas centrales.
Derecho 2.0: mi amigo Marcos Judel aborda asuntos tecnológicos desde la óptica del derecho, y además nos cuenta batallitas fruto de su experiencia en nuestros juzgados y tribunales.
Derecho de Internet: blog de Javier de la Cueva, abogado madrileño célebre por su activismo contra el canon digital.
IT Legal: bitácora de Luis, letrado especializado en nuevas tecnologías al que tengo el gusto de conocer. Es una pena que, debido a la acuciante falta de tiempo que sufrimos los abogados, no la actualice con gran regularidad, pues cuando se anima a escribir las entradas son magníficas.
Miguel Ángel Mata: letrado afincado en Madrid. Además de la propiedad intelectual y la protección de datos, el derecho de los consumidores es uno de los temas estrella en este blog.
Samuel Parra: su blog sobre protección de datos es toda una referencia en la red. También les hablé de él en el BlogDay. Imprescindible.
Xavier Ribas: una institución. Uno de los mayores expertos en derecho de las nuevas tecnologías de nuestro país, con decenas de trabajos a sus espaldas.
En fin... un pedacito de la blogosfera legal con nombres y apellidos, enlazada a partir de ahora en la columna lateral de esta bitácora. ¡Ya me contarán!
Hoy por ti, mañana por mí. Han usado esta frase en alguna ocasión, ¿verdad? Nuestras cadenas de televisión lo hacen todos los días: incluyen fragmentos de programas de la competencia en sus propias emisiones, sin pagar por ello ni pedir permiso. Todos lo hacen, y todos nos beneficiamos, espectadores incluidos. Parece justo, ¿no creen? Sin embargo, la baraja se rompió hace unos días con una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona. Los abogados de Telecinco (que por cierto deben estar muy atareados) han logrado que se prohiba a laSexta emitir imágenes de la otrora "cadena amiga".
Que la filial de Mediaset está escamada con laSexta no es novedad. La guerra entre "Sé lo que hicisteis..." y el bodrio tomatero dejó los ánimos caldeados, y Telecinco pretende ahora recuperar en los tribunales lo perdido en las ondas. Con la defensa de la propiedad intelectual por bandera.
La sentencia es jurídicamente muy interesante. Analiza tres de los límites al derecho de propiedad intelectual (aquellos relacionados con el derecho de cita y la libertad de información), explica la denominada "doctrina de los actos propios" y se detiene a razonar si concurre en el caso competencia desleal. No obstante, creo que incurre en un error: no entrar a valorar los conflictos con la libertad de expresión que su decisión supone. Y me atrevo a culpar de ello, en parte, a la defensa procesal de la cadena que dirige Emilio Aragón. Por tratar a "Sé lo que hicisteis..." como si un programa de zapping fuese. Que no lo es.
El espacio que presentan Patricia Conde, Ángel Martín y compañía puede gustar más o menos, pero cumple una función informativa. Analiza y critica la labor de otros periodistas, dando dimensión de noticia a los que hasta entonces eran meros intermediarios y contribuyendo a generar opinión en la sociedad. Nuestra Ley de Propiedad Intelectual autoriza este tipo de usos en su artículo 35, pero el juez afirma que "el precepto es de absoluta inaplicación al supuesto que nos ocupa, en el que la imagen ajena es lo sustantivo y no se exhibe en el marco de una información de actualidad" (FJ 11º). Con la venia de su señoría, en este caso discrepo.
A laSexta le queda ahora recurrir el fallo ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Me consta que va a hacerlo, basta saber cómo. En todo caso, me temo que estamos ante el principio del fin de los programas de zapping.
Gracias a la excepción de copia privada, cualquiera de ustedes puede grabar en su iPod el CD de Los Rodríguez que compró hace años en El Corte Inglés, para uso privado.
Hasta hace bien poco, nuestra Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) hablaba de "remuneración equitativa" por copia privada. El objetivo: pagar a autores, productores, editores y compañía por los ejemplares que dejaban de vender como consecuencia de esta excepción.
La Directiva 2001/29/CE, al hablar de las copias para "uso privado", sustituye el término "remuneración equitativa" por "compensación equitativa". Tengan en cuenta que no es lo mismo "remunerar" que "compensar": sólo cabe compensar cuando anteriormente se haya producido una pérdida.
Nuestra actual Ley de Propiedad Intelectual recoge esta nueva expresión. Sin embargo, aplica el "canon" sobre los soportes de reproducción digital, independientemente de su uso. La justificación: conocer su verdadero destino puede llegar a ser muy complicado.
No obstante, está claro que cuando un hospital, un abogado o un ministerio compran un cedé lo hacen para almacenar información de trabajo, y no los últimos éxitos de David Bisbal.
Teniendo todo esto en cuenta, la Audiencia ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, poniendo en duda la adecuación al derecho comunitario de la actual aplicación indiscrimiada del canon digital. Con razón, en mi opinión.
Dada la saturación de la corte europea, la respuesta va para largo. Pero es francamente positivo que nuestros tribunales comiencen a plantearse este tipo de cuestiones. ¡Veremos en qué queda la cosa!
Pónganse por un momento en la piel de un juez. Se presenta ante ustedes una pléyade de multinacionales discográficas, audiovisuales e informáticas, querellándose contra una pérfida web. Enlaces a mansalva a archivos "piratas" disponibles en el eMule, y pingües beneficios derivados de la publicidad. Les piden que manden dos años a prisión a los responsables, por presunto delito contra la propiedad intelectual. ¿Qué hacen ustedes?
En la Audiencia Provincial de Madrid se encontraron ante un asunto similar. Venía rebotado de un Juzgado de lo Mercantil, que ya había mandado a paseo a las empresas agraviadas. ¿Adivinan en qué quedó la cosa? En efecto, archivada.
Como explica la Audiencia Provincial de Navarra, en una sentencia de 20 de diciembre de 2007:
"El enlace simple o de superficie no supone infracción de los derechos de propiedad intelectual. Este tipo de links constituye únicamente una forma de facilitar al usuario de Internet el acceso a otra página web, sin tener que "teclear" el nombre de esa página (...) No supone, así, una comunicación pública de dicha página, sino una indicación de dónde se realiza dicha comunicación pública (...) Cuestión distinta sería el plantear si con este enlace puede darse [otro tipo de ilícito] (...) pero eso no tiene que ver con la propiedad intelectual (...) sino con otras normas legales con sus requisitos propios y principios específicos".
Vamos, que un simple enlace no vulnera la propiedad intelectual, o al menos no tanto como para que sea delito. Ahora bien... de ahí a que la conducta de Sharemula (el acusado en el caso que nos ocupa) sea legal media un abismo: en mi modesta opinión el enriquecimiento injusto es evidente.
En todo caso esta Web ha ganado la primera batalla, y no puedo sino felicitar a los compañerosDavid Bravo y Javier de la Cueva por su exitosa defensa del caso.
NOTA: Para los más curiosos, les dejo un enlace al auto, en formato PDF. Me han sorprendido de él las referencias al artículo 17 LSSI, por cierto, puesto que no veo nada claro que se aplique en este caso. ¡Ya me contarán!
De vez en cuando la Comisión Europea edita lo que se conoce como "Libros Verdes", que contra todo pronóstico ni son libros ni son verdes. Más bien, son una especie de consultas que la Comisión lanza a la población para tomarnos el pulso ante determinadas propuestas. El último, publicado a mediados de julio, tiene por título "Libro Verde sobre Derechos de autor en la economía del conocimiento", y versa principalmente sobre las excepciones a estos derechos.
La propiedad intelectual es una máquina de generar dinero. Esto es beneficioso para la sociedad, porque sin pan no hay intelecto. Ahora bien, en determinadas circunstancias, dejar en manos del mercado el acceso a la cultura sería nefasto: probablemente no existirían las bibliotecas, ni las creaciones adaptadas para discapacitados, y qué decir de la investigación científica... Pues bien, las excepciones a los derechos de autor se idearon, precisamente, para evitar estos potenciales perjuicios.
La propuesta comunitaria se propone actualizar estas excepciones, organizándose en cuatro áreas diferentes: bibliotecas y archivos, personas con minusvalías, educación e investigación, y fomento de los contenidos creados por los ciudadanos. Atención a este último aspecto, porque supone toda una novedad. Transcribo del documento original:
"Las aplicaciones Web 2.0, como los blogs, podcasts, wikis, o las webs de vídeos compartidos, permiten a los usuarios crear y compartir fácilmente textos, vídeos o imágenes, y desempeñar un papel más activo y participativo en la creación de contenidos y la difusión de conocimientos (...) La obligación de autorizar los derechos antes de poner a disposición cualquier contenido transformador puede percibirse como barrera para la innovación al bloquear la difusión de obras nuevas y potencialmente valiosas (...) Se ha pedido que se aceptara una excepción para la creación de contenidos transformadores por parte de los usuarios."
En definitiva, la pregunta es: ¿conviene crear una nueva excepción para permitir a los internautas aprovechar obras de terceros en sus blogs? Si les interesa el tema, anímense a contestar a la Comisión. ¡Para eso están los Libros Verdes! Tienen hasta el 30 de noviembre.
Sea por el precio, sea por la escasez de conexiones aéreas o ferroviarias, estoy seguro de que casi todos ustedes se han visto en la necesidad de viajar en autocar por nuestro país en alguna ocasión. Si es así, sin duda habrán disfrutado -o sufrido- con la película de turno (mi última experiencia, la francesa "El juego de los idiotas", al menos me entretuvo). Pues bien, parece que no van a ver muchas más, o al menos así lo afirma Jorge del Corral:
"Se acaba la proyección de películas y la audición de la radio en los autobuses públicos. Las principales patronales del sector del transporte interurbano de viajeros, Fenerbús y Asintra, han recomendado a sus asociados que quiten de los vehículos los aparatos para evitar las reclamaciones económicas de las sociedades de gestión de derechos de autor" [+] La Voz de Galicia
Resulta que poner una película o una canción en un autobús constituye un acto de comunicación pública, conforme al artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual. Y eso genera un derecho irrenunciable de "remuneración equitativa" a favor de autores, artistas, productores... ¿Adivinan quién se encarga de cobrarlo?
La SGAE, por citar a la entidad de gestión más conocida, lleva tiempo incluyendo en sus tarifas generales a los "vehículos destinados al transporte de viajeros por carretera en líneas regulares o discrecionales". Si utilizan reproductores de música o vídeo, ¡clinc! Dinerito al canto. En 2000, cada empresa debía realizar un pago único por autocar de alrededor de 500 euros. La tarifa actual está fijada en más de 1.200, ¡hay que ver cómo sube la música!. ¡Ni el petróleo, oigan! Si un grupo como Alsa tuviese que pagar dicha cantidad por toda su flota (unos 1.500 vehículos), la factura se acercaría a los dos millones de euros. Tal y como va el sector, me da la impresión de que toda la música que van ustedes a escuchar en sus próximos viajes en bus será la de su iPod... si es que tienen la suerte de tener uno, claro.
Mantiene Fernanda Tabarés, también en las páginas de La Voz, que "lo que empezó siendo una digna labor que convertía en pasta el espíritu creador se parece ahora a una estrategia recaudatoria que atufa a usura". No puedo estar más de acuerdo.
En la localidad coruñesa de Sada son notorias su desastrosa planificación urbanística y su movida adolescente. Su ex-alcalde Moncho, más famoso por su eslóganes electorales que por su eficacia y más preocupado por erradicar copas que ladrillos, adoptó hace años dos medidas entonces pioneras:
Prohibió el consumo de alcohol en la vía pública.
Creó una brigada especializada dentro de su policía local, conocida como "Unidad de Seguridad Ciudadana" o "Patrulla de Noche", encargada de vigilar las zonas de copas y evitar el botellón.
Pues bien, al parecer esta patrulla conservaba un fichero "extraoficial" con fotografías y completas fichas de los asiduos a la noche sadense, menores incluidos. Y el actual regidor de la localidad ha denunciado públicamente su ilegalidad, coincidiendo "casualmente" con el encarnizado conflicto laboral que enfrenta a los agentes y al gobierno municipal. Lo que no deja de tener su gracia, puesto que las potestades para subsanar cualquier irregularidad residen en la propia Corporación. A partir de ahí, revuelo social y multitud de cábalas: que si el fichero almacenaba información de carácter político, que si la AEPD nada sabía de su existencia, que si la policía local no tiene competencias de seguridad ciudadana, que si la abuela fuma...
Los que conocen el modus operandi de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad saben que no siempre almacenan toda su información en bases de datos "oficiales". Es muy frecuente que cada agente conserve anotaciones personales de ciertas conductas o infracciones menores, de cara a su utilización en caso de necesidad: Fulanito trapichea con hachís, Menganito está en todas las bullas... ¿Cómo encuadrar esta realidad en nuestra legislación de Protección de Datos? No es sencillo, pero en todo caso se hace necesario encontrar (una vez más) un adecuado equilibrio entre seguridad e intimidad. Y si los ficheros policiales de Sada no respetan este equilibrio, ya se sabe: mano dura.
"Quienes pueden renunciar a su libertad esencial para obtener una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad" (Benjamin Franklin)
La sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que ha publicado esta mañana El País no deja a nadie indiferente. En ella, los administradores de sendos sitios web son condenados a un año de prisión cada uno por un delito contra la propiedad intelectual. ¿El motivo? "Poner a disposición de los usuarios de Internet enlaces que reproducían obras protegidas por derechos de autor sin contar con la autorización de los titulares (...) con la intención de obtener ganancias a través de la publicidad que ofrecían en ambas páginas", como describe la propia sentencia. Actividad que, hasta ahora, no había sido digna de reproche penal, puesto que se entendía que las páginas de enlaces no realizaban una comunicación pública, sino que se limitaban a facilitar el acceso a un contenido ya disponible en Internet. ¿Qué cambia, entonces, en esta sentencia?
