Cuando decidí acudir al V Foro de las Evidencias Electrónicas deseaba, como no puede ser de otra forma, que alguno de los ponentes sorprendiese a la nutrida concurrencia con una de esas noticias que esporádicamente reservan para las grandes ocasiones. Utópico deseo, toda sea dicho, puesto que en este tipo de actos no suelen desvelarse grandes disquisiciones jurídicas. Pues bien, en esta ocasión la sorpresa la he recibido desde casa. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos ha anunciado que propondrá, al Gobierno y a las Cortes, la elaboración de una nueva ley que permita el ansiado equilibrio entre tutela judicial efectiva, propiedad intelectual y protección de datos de carácter personal.En su memoria de 2007, este Ente Público solicitará el "desarrollo de procedimientos que permitan proteger los derechos de autor de forma compatible con el derecho fundamental a la protección de datos, mediante una norma con rango de ley que contemple los datos susceptibles de ser tratados y las finalidades del mismo".
España se encuentra en las "listas negras" que, sobre piratería, elaboran el Congreso y la Oficina de Comercio de los Estados Unidos. El 43% de los programas informáticos instalados en nuestros ordenadores son fraudulentos. Somos los líderes europeos de la piratería en Internet. Los datos asustan.
Es evidente que legislar en esta materia es necesario. Ahora bien, no lo es menos replantearnos el llamado "canon" por copia privada, que en su exageración se asemeja más a una tasa antipiratería que a la legítima compensación equitativa que realmente se buscaba cuando se implementó, años ha. Mientras, los ingresos de la SGAE continúan incrementándose año tras año. Pese a los piratas.
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